El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado un sonoro portazo a la inclusión con fórceps de los vinos tintos y rosados en la D.O. Rueda realizada hace dos años. La sentencia del Tribunal, favorable a un recurso presentado por cuatro bodegas de la zona (Álvarez y Díez, Grupo Yllera, Vinos Blancos de Castilla y Vinos Sanz), anula todos los artículos del Reglamento de la D.O. Rueda que hacen referencia a variedades de uva tintas y a vinos rosados y tintos. Caben los recursos de ordenanza, por lo que por el momento seguirá habiendo vinos tintos y rosados con la contraetiqueta de la D.O. Rueda. Sin embargo, fuentes del sector consideran poco probable que el Tribunal Supremo revoque la sentencia que ratifica a Rueda como zona de vinos blancos.

El asunto tiene muchas facetas. Hay una vertiente económica, una implicación política y aspectos de filosofía de las denominaciones de origen. Tal vez sea éste último el factor más importante por cuanto podría tener trascendencia si se consolidan algunos de los conceptos que se manejan en la sentencia. De esa decisión judicial se deduce que la denominación de origen es una calificación concedida por la Administración a productos que previamente han alcanzado un prestigio y, por tanto, precisan de una protección especial ante posibles imitaciones o fraudes. Es exactamente la esencia de las denominaciones de origen, prostituida claramente durante años en función de intereses ajenos al vino, a su calidad o al prestigio que pudieran tener los vinos de una comarca.

Denominaciones de origen artificiales
En España muchas de las denominaciones de origen se han creado de forma artificial, sin que previamente hubiera un producto de calidad y prestigio que proteger. En muchos casos, la calificación de una comarca con la ansiada denominación de origen no ha sido una meta, sino un punto de partida para intentar mejorar la calidad de unos vinos que solían estar destinados a los graneles o a la desaparición. Así se pusieron en marcha una buena parte de las sesenta denominaciones de origen actuales, muchos de cuyos nombres (para no hablar de los vinos) son perfectamente desconocidos para la inmensa mayor parte de los consumidores.
No se puede discutir que en algunos, pocos, casos los resultados han sido satisfactorios (Somontano, Toro) pero no es menos cierto que en la mayor parte de las ocasiones apenas ha servido para la calidad aunque sí para impulsar la venta de vinos embotellados. Aunque hay algunas excepciones en las que sí existía un prestigio previo (Rías Baixas, Montsant), en la mayor parte de los casos ha habido una especie de café para todos que no ha servido de gran cosa, salvo para que algunos políticos se apuntasen tantos e hicieran una especie de competición a ver quién tiene más muescas (denominaciones de origen) en su culata, como los pistoleros de los western de serie B.

En el caso de los tintos y rosados de la D.O. Rueda el asunto estaba claro. Se hablaba desde hace años de los “tintos de Rueda” principalmente a causa de una marca, Yllera, perteneciente a una de las firmas que se opusieron a la modificación de reglamento de la D.O. Rueda, que nunca aspiró a tener sus tintos Yllera en denominación de origen alguna entre otras cosas porque no podía estar al ser un vino elaborado con uvas de fuera de la comarca. A la estela de esa marca, que tuvo notable éxito en los años ochenta y aún mantiene una gran fuerza comercial, y con la intención de aprovechar los canales comerciales de los vinos blancos, no fueron pocos los que se fueron animando a plantar uvas tintas.

Un problema de calidad
La tramitación de la abortada D.O. Medina del Campo y la posterior entrada de los vinos blancos y rosados en la D.O. Rueda no hizo sino incentivar las plantaciones de uva tinta, que han alcanzado las 1.200 hectáreas y que se tradujeron en más de cinco millones de kilos de uva en el año 2002, cifra ya un tanto elevada para los poco más de tres millones de botellas de tinto y rosado que se comercializaron el año pasado.

El principal problema, que parece decisivo en la sentencia, es de calidad. La sentencia señala textualmente (transcribo con puntos, comas y erratas) que “la Administración de la Comunidad (…) en el año 1999 les denegó su consideración como Denominación de Origen –“Vino de Calidad Producido en una Zona Determinada (VCPZD)— por la mejorable calidad de los vinos”, para deducir que “si, como queda demostrado en el expediente administrativo y la parte ha puesto de relieve, los vinos tintos y rosados que se incluyen en la denominación “Rueda” como derivados de las variedades de uva que se incluyen no han merecido una valoración favorable de la Administración para otorgarles una denominación propia, difícilmente puede admitirse que resulten amparados o protegidos por otra denominación preexistente y que tradicionalmente ha dado protección a otro tipo de vinos”.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no pierden la ocasión de dar un varapalo a la Administración autonómica, que, como destacan, “permitirlo (incluir en el ámbito de la denominación Rueda un producto que no presenta cualidades ni caracteres diferenciales) es contrario a la propia esencia de la intervención de la Administración, que (…) tiene como finalidad la de salvaguardar el interés público concurrente: la protección y garantía de la calidad específica del producto protegido impidiendo que salgan al mercado con posible engaño del consumidor los que no sean tales.”

Una Consejería con muchos “éxitos”
Se señala claramente hacia la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, que ha cerrado con el caso Rueda un ciclo de “éxitos” difícilmente superable: la polémica de la ampliación de la D.O. Ribera del Duero, en la que dan buenas palabras a ambos bandos (algunos de los periféricos se sienten engañados y también han interpuesto recursos en los tribunales); el asunto de los Vinos de Mesa de Castilla, en el que Castilla-La Mancha ganó claramente por diligencia y astucia y se apropió del nombre de Castilla; y, más recientemente, la crisis de la D.O. Toro, donde la Consejería nombró presidente a Onésimo Rodríguez, un funcionario, en papel de “hombre bueno”, que consiguió en un tiempo récord enfrentarse a todas las bodegas de la zona menos a una; hace unas semanas, de forma coherente, presentó su dimisión como presidente a sus jefes de la Consejería de Agricultura, que lo habían designado, y no ante el pleno del Consejo Regulador de la D.O. Toro, que es el que en teoría debería haberle elegido.

No habrá dimisiones (la remodelación de la Consejería tras las elecciones tal vez haga esa labor con menos ruido), como tampoco parece que las vaya a haber en un Consejo Regulador que basó su campaña electoral precisamente en la modificación del reglamento de la D.O. Rueda. En este asunto se ha puesto de manifiesto la contradicción del estatus actual de las denominaciones de origen, que son organismos públicos dependientes de las comunidades autónomas (y respaldados, por tanto, con los fondos públicos) y pretenden actuar como clubes privados.

Por más que muchos lo pretendan así, una denominación de origen no debe ser como una foto fija, que deje los vinos anclados en unas determinadas características. No parece muy inteligente cerrar las puertas a la investigación que pueda aportar mejoras. Sin embargo, tampoco es de listos diluir la buena imagen de una zona con la aportación de vinos mediocres. La puerta la abrió ya la propia D.O. Rueda con la entrada de los vinos espumosos, a pesar de su escasa incidencia en el conjunto de la zona, o tal vez por esa escasa incidencia, con el argumento de que era una variación sobre el vino blanco.

Los tintos entraron de invitados y a punto estuvieron de hacerse cargo de la casa, al menos para acaparar la mayor parte de los fondos destinados a promoción, según la tesis de las cuatro bodegas que han ganado el recurso. Esas bodegas han llamado la atención sobre la “poco brillante trayectoria de los vinos tintos de Rueda”, cuya comercialización supuso alrededor del 4,5 por ciento de las ventas de la D.O. Rueda en 2002. Esas mismas fuentes aseguran que “la demanda de uva tinta por parte de las bodegas elaboradoras fue prácticamente nula durante la pasada campaña” y que los viticultores tuvieron problemas para venderlas, en su mayor parte para vinos sin denominación de origen, “a un valor un 63 por ciento inferior al de la uva Verdejo”. De ser cierto, la apuesta por los tintos de Rueda habría sido ruinosa en cuanto a imagen y también para los viticultores de la zona. Si, como ha manifestado el presidente del Consejo Regulador, la sentencia va a favor “de intereses particulares y no del beneficio común”, cabe preguntarse a quién benefició el cambio de reglamento.

Fecha publicación:Julio de 2003
Medio: El Trasnocho del Proensa