.comPaisaje de la Rioja Alavesa.

Madrid, 22 de octubre de 2013. MS. – “Ayudas ilegales”. Fue así como la Unión

Europea declaró en 2001, desde sus instituciones competentes, las diferentes ayudas

fiscales que concedió el Gobierno Vasco en los años noventa a las empresas nuevas que

se instalaban en esa comunidad. Vigentes en el País Vasco entre 1993 y 2000, de ellas

se beneficiaron unas 300 empresas, en una iniciativa que todavía puede costar a España

una multa millonaria si así lo considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En

la última vista, celebrada el pasado mes de septiembre, estuvieron presentes el Ejecutivo

comunitario como parte acusadora, y un abogado del estado en defensa de España pues

es nuestro país el responsable último de cara a la UE, esto es, ni diputaciones forales ni

empresas afectadas estuvieron presentes.

Desde la Administración central española se aseguraba que se ha recuperado el dinero

de las ayudas, y la Comisión Europea admitió ante el Tribunal de Luxemburgo que

se han devuelto la mayor parte de esas “vacaciones fiscales vascas”, lo que supondría

evitar una de las sanciones que nos reclamaba el Ejecutivo comunitario si se recupera

todo antes de que el Tribunal pronuncie su sentencia definitiva. La decisión, que podría

demorarse algo más de un año, según fuentes oficiales, depende de 15 jueces quienes

dirimirán si finalmente habrá o no multas económicas para España, en función de las

cantidades devueltas y los criterios utilizados para recuperarlas. Y es que las autoridades

vascas han admitido, de algunas de las empresas afectadas, activos y patrimonio en

lugar de dinero. Ese ha sido el caso de algunas bodegas de Rioja Alavesa, como La

Rioja Alta y Valdemar ntre ellas).

Esas ayudas fiscales aplicadas en los noventa eran de tres tipos que han sido objeto de

juicios separados. Por una parte las vacaciones fiscales, que consistían en la exención,

durante los primeros diez años de vida, del Impuesto de Sociedades a empresas creadas

en el País Vasco entre 1993 y 1994. Para ello debían invertir más de 480.810 euros y

crear al menos 10 empleos. Fueron declaradas ilegales y recuperadas en su mayoría.

Luego, en 19 96 llegó el crédito fiscal por el que podían llegar a recuperar, a través del

Impuesto de Sociedades, hasta el 45 por ciento del importe de la inversión en activos

fijos (si superaban los 15 millones de euros). Y se completó con las minivacaciones

fiscales, esto es, una reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre

Sociedades aplicada a partir de 1995 (deducciones sucesivas del 99, 75, 50 y 25 por

ciento del impuesto desde el primer año con beneficios).

Por todas estas ayudas, la Comisión Europea pedía para España dos tipos de sanciones

económicas: una coercitiva, por haber permitido su concesión contraria al derecho

comunitario, y otra disuasoria por no haber obligado a las empresas a devolverlas tras

haber sido declaradas ilegales. La primera ronda los 236.044 euros por cada día de

retraso en la ejecución de la sentencia de diciembre de 2006, cuando el Tribunal de

Luxemburgo declaró que España había incumplido una decisión de julio de 2001 de

la CE según la cual esas ayudas eran incompatibles con el mercado común y debían

suprimirse y recuperarse. Respecto a la segunda, su valoración es una suma a tanto

alzado cuyo importe resultará de multiplicar una cantidad diaria de 25.817,4 € por el

número de días que hayan pasado desde diciembre de 2006 hasta que se recupere el

importe total de las ayudas.

En la vista celebrada ante el Tribunal el pasado mes, el Ejecutivo de la UE ha

reconocido que España ha recuperado las ayudas, a excepción de unos 278.000 euros

de intereses, que corresponden a las concedidas a ocho empresas en Alava, por lo

que la primera multa desaparecería. Respecto a la segunda, el Ejecutivo quiere que se

mantenga como “medida disuasoria”.

El conflicto comenzó cuando la Comisión Europea denunció a nuestro país por

incumplir las resoluciones de 2001 que ordenaban recuperar las ayudas declaradas

ilegales. Hace siete años, el Tribunal de Justicia europeo condenó a España por no

haberlas recuperado desoyendo a la Comisión, y en 2007 abrió un nuevo procedimiento

sancionador que acabó con una nueva condena además de la exigencia de recuperar el

dinero desembolsado.

Fueron las tres diputaciones forales vascas las que dieron las ayudas y la primera

devolución tuvo lugar en 2007 (tras la sentencia de 2006 del Tribunal), pero la Unión

Europea la consideró insuficiente denunciando que no se había devuelto ni el 15 por

ciento. Así, la Comisión presentó una nueva demanda en 2011 ante Luxemburgo por la

que exigía, además, una multa para España. En 2012 hubo una nueva recaudación de las

empresas vascas pero se continuó considerando insuficiente desde Bruselas.

En este contencioso, muchas destacadas bodegas de la Rioja Alavesa se cuentan

entre las afectadas a las que se exige el pago de decenas de millones de euros por las

deducciones de hasta el 45por ciento recibidas por las inversiones realizadas hace veinte

años, lo que representa en torno al 80 por ciento de la devolución. El resto corresponde

a las vacaciones fiscales y las posteriores minivacaciones ligadas a la creación de

nuevas empresas.

Entre las bodegas afectadas, La Rioja Alta (sus instalaciones de Labastida) y Valdemar

(Oyón) devolverán las ayudas recibidas en especies, concretamente en viñedos a precio

de mercado, como les ha autorizado el Departamento de Hacienda de la Diputación

Foral de Álava y una vez se hayan vendimiado esas parcelas para no producir problemas

a la masa vegetal y con ello perder valor. Una vez pasen a manos de la Diputación Foral

ésta los subastará para convertirlos en dinero contante y sonante.